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La Iglesia y la educación política

Pbro. Ernesto Hinojosa Dávalos

Llegar a la madurez política en un país cuya organización social para gobernarse es el sistema democrático, es un camino largo y laborioso. No se alcanza dicha madurez de la noche a la mañana. La educación política es fundamental para lograrlo.

Esta educación no se reduce a que los ciudadanos conozcan sus derechos y deberes humanos y que participen de algunos de sus derechos y obligaciones civiles como lo es la emisión del voto cuando hay elecciones; va más allá del solo interés pasajero de la coyuntura electoral.

Es decir, la educación política implica que los ciudadanos sean actores protagónicos del desarrollo de la sociedad en la que viven, gestando por esa participación las condiciones necesarias para su desarrollo integral, logrando así, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, “conseguir lo que le es necesario según su naturaleza y vocación” (n. 1928), para alcanzar en la justicia social, el bien común.

Ahora bien, la educación política no es y no debe ser monopolio del Estado o de los organismos políticos de la nación, porque se corre el riesgo de que degenere en lavado de cerebro acompañado de toda clase de manipulaciones. Es necesario por tanto, que se conserve como un asunto público, es decir, en el que todas las partes de la sociedad deberían de participar a fin de garantizar la libertad, la inclusión y la pluralidad, garantías de una sociedad genuinamente democrática.

Y es por demás afirmar, que tanto en la educación política como en la educación en general, no puede ser neutra respecto a un sistema de valores. Esto es lo que garantiza la amplitud de visión indicadora de los diferentes sectores que conforman la sociedad. De aquí se desprende, que la educación política deba de activar al ciudadano al uso responsable de la libertad y a la conciencia inequívoca del valor de su participación en los asuntos de la cosa pública (o sea, de la república). Dicho de otro modo, la educación política que lleva a la participación hace del ciudadano, artífice de su propio desarrollo (Populorum Progressio, n. 15).

Por lo hasta aquí escrito, es importante subrayar que la Iglesia como parte de la sociedad y constructora de humanidad, puede y debe participar en la educación política de la ciudadanía, particularmente de sus fieles, contribuyendo de esta manera, a la construcción del bien común asegurando la pluralidad y motivando a la participación libre y responsable de sus fieles en este proceso de madurez democrática.

La Iglesia, en su intervención, debe salvaguardar las debidas disposiciones establecidas no solo por la ley sino también de aquellas emanadas por el Magisterio Social, que nos recuerda que “la comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno. Ambas, sin embargo, aunque por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre” (Gaudium et spes, n. 76).

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