Libertades vs. Libertad

Pbro. José Marcos Castellón Pérez

La senadora Minerva Citlalli Hernández Mora (Morena) presentó una iniciativa en la tribuna de la Cámara Alta, el pasado 4 de octubre, en la que se pretende castigar con 3 años de cárcel o 300 días de trabajo por la comunidad (sin precisar cuál comunidad) o 200 días de multa a toda persona moral o física que «promueva, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapias, servicio o práctica con o sin fines de lucro, con el objetivo de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona». Además expuso un marco que justifica dicha propuesta: porque «las personas con una orientación sexual o una identidad de género distinta a la convencional deberán ser consideradas anormales, enfermas o inmorales» (sic) y también porque: «visiones subjetivas que dictaban la pena de muerte para el sexo no procreativo» (sic).

Conviene resaltar algunos aspectos de la propuesta que, como ciudadanos, nos dan luces de alerta por la restricción a los derechos de libertad de consciencia, de objeción de consciencia y de libertad de religión, que son derechos básicos y que brotan de la misma naturaleza humana.

En respuesta al marco de justificación, en ninguna parte de la Constitución actual o de legislación alguna en nuestros días se considera las preferencias sexuales (que ella considera no – convencionales) como anormales, enfermizas o inmorales. El Catecismo de la Iglesia Católica lo que considera inmoral no es a la persona con alguna tendencia sexual particular sino todos los comportamientos sexuales que desdicen su doble finalidad, también los heterosexuales. Tampoco, al menos en nuestro país, se castiga con pena de muerte a quienes mantengan relaciones sexuales no procreativas. Estos argumentos nos hacen pensar en la subjetividad manipuladora de la senadora para poder argumentar una modificación en el ordenamiento legal.

Con la penalización de lo que ella llama  “terapias de reconversión” (sin considerar así el adoctrinamiento homosexual propuesto por la SEP), los ministros de culto, en la interpretación subjetiva de la ley, cometerían un delito al dar un consejo en dirección espiritual, confesar o incluso en la enseñanza moral de la Iglesia sobre la moral sexual. Esto es una intromisión del Estado en la religión y en la consciencia moral de las personas que libremente piden acompañamiento psicológico o espiritual para dejar los comportamientos sexuales desordenados que dañan su integridad. Prácticamente la iniciativa penal condena el ejercicio libre del sacramento de la penitencia y limita la posibilidad del confesor o director espiritual de ayudar a vivir castamente el seguimiento de Cristo.

En la búsqueda legítima de igualdad entre las personas y de un estado de derecho donde no se discrimine a nadie por ninguna condición,  no se pueden vulnerar otros derechos humanos ya consignados, bien fundamentados y universalmente aceptados. El peligro de esta propuesta y de otras que buscan penalizar el ejercicio de la libertad de consciencia es que se sacrifica la Libertad (con mayúscula), por las “libertades” (con minúscula).

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