Cartas Magnas en entredicho

Editorial de Semanario #1150

La Constitución, es la norma donde se establecen los principios generales y los compromisos que rigen a nuestra comunidad política y ciudadana como proyecto que trasciende a las generaciones; donde se establecen nuestros derechos, como límites entre gobernantes y gobernados.

El gobierno estatal, a dos meses de mandato, se encuentra ante la urgencia de dar resultados a problemas estructurales como seguridad, justicia, empleo y educación, que han sido abordados, pero no resueltos. Para ello, ha concluido que hacer una nueva Carta Magna para Jalisco, es la solución.

La historia enseña que los cambios constitucionales, o una nueva Carta Magna, es el resultado de una disrupción social, en la que políticos y ciudadanos confluyen. El argumento central del gobernador, es que hace falta un nuevo pacto social. En Jalisco, los ciudadanos están demandando la aplicación de un Estado de Derecho, no una nueva Constitución. No hay clamor social por una nueva Carta Magna, sino que se respeten los derechos de todas y todos.

Lo que se observa, es una estrategia política, no tanto para dar más facultades al gobierno, o más derechos a los ciudadanos ante el poder, sino para legitimar la Refundación del Estado de Jalisco. Esta nueva Carta Magna, será elaborada por una coalición política, no por una coalición ciudadana, con la pretensión de arropar al gobierno estatal, ante el gobierno federal.

A nivel nacional, el presidente desea cambiar el artículo 19 constitucional que amplía el número de delitos que conllevan prisión preventiva oficiosa, lo cual se decreta contra una persona al momento de iniciarse un proceso penal; en otras palabras, prisión sin sentencia. Con este cambio a la Constitución, ser señalado como sospechoso por una autoridad, o por una llamada anónima, hace susceptible a un ciudadano a ser encarcelados hasta que un juez dicte sentencia.

La idea que tiene el presente gobierno de la Constitución, lo expresa el Secretario de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana: “en otras circunstancias del país yo me hubiese opuesto, pero en las actuales circunstancias de emergencia nacional, necesitamos estar dotados de un marco jurídico que nos permita eficientar el trabajo de los cuerpos de seguridad,  actualmente hay rendijas que pueden ser utilizadas para poner en libertad a criminales que representan riesgos para a la sociedad. Cuando hay arrestos es posible que se amparen.”

La emergencia nacional, es pues la razón para limitar constitucionalmente los derechos de los mexicanos; el Secretario está pidiendo sacrificar derechos para compensar la ineficiencia institucional. En vez de propuestas para mejorar las instituciones civiles actuales, se argumenta por la inclusión de la presunción de culpabilidad.

En este nuevo proyecto de seguridad, las detenciones estarán, a cargo de los militares y marinos. Esta reforma pone a los ciudadanos en bandeja de plata ante la Guardia Nacional. Entre la presunción de inocencia y la presunción de culpabilidad, se opta por considerarlos culpables.

Restringir derechos cambiando la Constitución no dará mayor seguridad a la ciudadanía; solo facilitará la incompetencia y hará más vulnerables a las personas ante los abusos de poder. Hoy ser ciudadano, significa defender la Constitución. El poder político no debe hacer de la emergencia, la excusa para restringir las libertades.

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