Personas desaparecidas

Pbro. Armando González Escoto

Debemos distinguir entre secuestro y desaparición de personas. En el primer delito se trata de privar de su libertad a una persona con fines de extorsión. En el segundo, la persona es privada de la libertad pero con otros fines, como podría ser asesinarla o enrolarla en grupos delincuenciales o como esclavas y esclavos sexuales al servicio de las bandas criminales.

Este segundo crimen tiene ya varios años de producirse en todo el país, y desde luego, en todo el estado de Jalisco, a tal punto, que el número actual de personas desaparecidas sobrepasa ampliamente los siete mil casos. De ellas no se sabe si viven o si descansan ya en alguna de las cientos de fosas clandestinas con que ha sido hollado nuestro suelo.

Hasta el momento actual, la respuesta de las autoridades ha sido siempre la misma: están investigando. La situación de las familias que sufren esta tragedia es terrible, no saben hacia dónde dirigir su mirada cuando piensan en sus seres queridos, ni tienen un sepulcro al cual llevar flores y oraciones. En las listas de peticiones de las iglesias suelen aparecer sus nombres, pero sin saber si se debe pedir por ellos como vivos o como difuntos. Nadie parece pues capaz de dar una respuesta efectiva a esta impresionante realidad.

Todos sabemos que el fenómeno de los desaparecidos está estrechamente vinculado al crecimiento exponencial de la delincuencia organizada, aunque otros criminales aprovechen la situación creada para hacer lo mismo. Esta estructura del mal ha logrado organizarse extraordinariamente bien, funciona como una empresa de tiempo completo, como una sociedad alterna, cuyos líderes asumen la tarea de satisfacer todos los requerimientos de su personal: entrenamiento, equipamiento, salario, alimentación, diversión, atención a las necesidades primarias, cuidado de la salud, etc. El reclutamiento lo hacen, lo mismo por las buenas que por las malas, y cabe pensar que muchas personas, nativas o migrantes, en ocasiones esperan incluso ser reclutadas, el  problema se agrava cuando son forzadas y no tienen otra salida que acceder o morir, sobre todo cuando se trata de mujeres, por lo común, muy jóvenes. La tragedia es que involucrarse en este mundo, sea cual sea el medio o la razón, acaba siempre bastante mal.

Que el gobierno estatal, en días pasados, haya firmado públicamente un compromiso para atender a las familias que sufren este atropello criminal, puede ser bien visto, al menos desde el campo de la publicidad, sin embargo, lo que las familias quieren es recuperar a sus familiares desaparecidos, no meros apapachos, promesas de futuro y vanas consolaciones.

Lo que toda la sociedad jalisciense espera de la autoridad es que cumpla con la razón suprema que explica la existencia del gobierno, brindar seguridad a la ciudadanía, y garantizar que habrá justicia. Llevamos ya 19 años de promesas incumplidas, ¿seguiremos añadiendo más años de frustración, a pesar de los cambios partidistas?

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