Seguridad social para trabajadoras del hogar, ¿beneficio o perjuicio?

Rebeca Ortega Camacho

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que en México poco más de 2.2 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 90 por ciento son mujeres, asimismo, 1 de cada 3 no concluyó la primaria, 3 de cada 10 no finalizaron la secundaria y 1 de cada 3 son de origen indígena. Además, el bajo nivel de instrucción de las trabajadoras domésticas y un desconocimiento de sus derechos las coloca en una situación de vulnerabilidad que en la mayoría de las ocasiones deriva en diversos abusos.

De acuerdo con cifras de la encuesta: “Percepciones sobre el trabajo doméstico: Una visión desde las trabajadoras y las empleadoras”, llevada a cabo por CONAPRED (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación), el 90 por ciento de las trabajadoras domésticas desconocen que exista alguna legislación que contemple sus derechos.

El estudio antes citado, señala que los principales abusos de los que han sido objetos las trabajadoras domésticas o que han visto que otra compañera los haya sufrido son: discriminación por ser indígenas (33%); que se les prohíba hablar su lengua indígena (25%); despido injustificado y acusaciones de robo (16%); que les hayan revisado sus pertenencias (16%); maltrato verbal a través de gritos y humillaciones; acoso sexual (12%) y discriminación por ser trabajadora doméstica(11%).

El acceso a prestaciones sociales por parte de las trabajadoras domésticas es prácticamente inexistente, sólo 1 de cada 10 tiene contrato por escrito; 8 de cada 10 no está afiliada al IMSS ni tiene pensión de retiro; y 6 de cada 10 empleadores les descuenta el día cuanto no trabajan por estar enfermas.

Pese al escenario antes descrito, en los últimos meses comenzaron a surgir ciertos incentivos que pueden propiciar el establecimiento de un ámbito de justicia e igualdad para este sector; sin embargo, ¿las nuevas medidas normativas serán suficientes?, ¿las iniciativas propuestas son viables?

Fallo de la SCJN

El 5 de diciembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional y discriminatorio el artículo 13 de la Ley de Seguro Social, que dispone la afiliación voluntaria de las trabajadoras del hogar a la seguridad social (Amparo Directo 9/2018). Luego de que la SCJN ordenó garantizar los derechos laborales de los empleados domésticos, el gobierno federal inició un programa piloto para brindarles seguridad social y perfila una reforma legal.

La primera etapa del programa piloto para la Incorporación de las Personas Trabajadoras del Hogar al IMSS – pues es necesaria una transición progresiva y sostenible del régimen de afiliación voluntaria al régimen de afiliación obligatoria – comenzó el pasado 1 de abril y se concentra en nueve entidades del país, las cuales agrupan 59 por ciento del trabajo doméstico: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca y Guanajuato. Así lo anunció la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, quien acompañada por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez Cázares, encabezó la presentación del programa, el día 31 de marzo.

Entre los requisitos para la incorporación al seguro social de las trabajadoras del hogar, se encuentran: obtener su NSS (Número de Seguro Social); indicar el salario mensual; señalar si trabaja con uno o más patrones y cuántos días labora con cada uno, se calculará en el caso de varios patrones la proporción correspondiente a cubrir por cada patrón; realizar el pago por mes adelantado, dentro de los 20 primeros días de cada mes, etcétera. El director del IMSS dijo que será a partir del 1 de mayo cuando las trabajadoras del hogar (inscritas entre el 1 y 20 de abril), empezarán a recibir los beneficios (atención médica y hospitalaria, medicamentos, atención obstétrica, incapacidades, pensión por invalidez, fondo para el retiro, etcétera).

Aprueban dictamen

El pasado 23 de abril, por unanimidad, con 112 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, en materia de personas trabajadoras del hogar. Dicho dictamen tiene el objetivo de que el trabajo doméstico tenga los mismos derechos laborales que posee aquel sector que se desempeña en oficinas o fábricas.

El dictamen para reformar la Ley Federal del Trabajo en materia de las personas trabajadoras del hogar, que fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside el senador Napoleón Gómez Urrutia (20 de marzo de 2019), entre otras cosas, plantea que las trabajadoras del hogar cuenten con un contrato escrito, registrado ante las autoridades, y con una paga no menor a dos salarios mínimos. 

Asimismo, define a la persona trabajadora del hogar como toda persona que de manera remunerada realice actividades de aseo, asistencia, y demás, propios o inherentes al hogar como parte de una relación laboral. Establece tres modalidades: las personas que trabajan para un patrón y residen en el domicilio; quienes trabajan para un patrón y no residen en el domicilio; y las que trabajan para diferentes patrones y no residen en el domicilio de ninguno.

El dictamen también prohíbe la contratación de personas menores de 15 años y en el caso de adolescentes mayores de esa edad, se deberán establecer jornadas que no excedan las seis horas diarias y las 36 semanales. Además, prohíbe la discriminación en todas las etapas de la relación de trabajo y en el establecimiento de las condiciones laborales, así como cualquier trato que vulnere la dignidad de las personas trabajadoras del hogar. Y dispone las prestaciones establecidas en la ley, tales como: vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso a seguridad social y aguinaldo.

(Con información del Dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; para la Igualdad de Género; y de estudios Legislativos, primera, a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social en materia de las personas trabajadoras del hogar).

Decisión irresponsable

Con relación a la modificación del régimen de inscripción al seguro social de “voluntario” a “obligatorio” para las trabajadoras domésticas, el Licenciado Gerardo Agraz Lozano, Especialista en Derecho Laboral, señaló: “Yo creo que es una irresponsabilidad de nuestros legisladores. Si la Ley Federal del Trabajo, que es reglamentaria del artículo 123 de la Constitución, no las consideró, no fue por discriminación; fue porque el trabajo de las domésticas siempre ha sido muy irregular, partiendo de la base de que hay domésticas que prestan sus servicios un día a la semana en cada casa, ¿quién es el patrón?, ¿en qué proporción?

“Por ejemplo: mi tía Herminia que tiene 90 años, de los centavitos que le dan sus hijos, guarda tantito para tener una trabajadora que le ayude. A la hora que le dicen que tiene que inscribirse en el seguro social, que tiene que pagar la seguridad social para la trabajadora doméstica, pues dijo, ‘que ya no venga, porque yo ni puedo hacer todo ese movimiento, ni tengo con qué pagarle’. Entonces, ante lo imposible nadie está obligado.

“¿Qué va a pasar? Pienso que fue una decisión populista y que los legisladores la manejaron en una forma muy irresponsable; ellos quisieron cubrirse de gloria, porque ya les conseguimos el derecho a la seguridad social a las domésticas; que bonito suena, pero ¿tú lo vas a pagar? No, verdad. Entonces, ¿quién lo va a pagar? Por otro lado, muchas personas van a resolver como mi tía Herminia, en el sentido de decir, ‘prefiero que ya no venga’, y se les va a caer la chamba a las domésticas; y lo que supuestamente iba a ser un gran beneficio, resultó un perjuicio.

“En mi opinión, creo que fue un desacierto de parte de los legisladores, no analizaron las consecuencias del caso. No sé qué va a suceder, pero lo que sí sé es que no va a funcionar, salvo prueba en contrario; porque como mi tía Herminia, hay muchísimas personas que dicen ‘no puedo, que ya no venga’. Al rato todas esas personas se pueden quedar sin chamba. Por otro lado, también puede suceder que muchas personas digan, ‘a mí no me interesa el seguro social, porque el beneficio lo tengo por mi esposo, a mí déjeme como estoy y no hay ningún problema’; y ¿quién va a estar investigando dentro de los domicilios particulares? Las leyes son para cumplirse, pero como dije: ante lo imposible nadie está obligado”, señaló el Licenciado Gerardo Agraz.  R

Entre otros artículos reformados de la Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social, el artículo 334 de la LFT, engloba los derechos de las trabajadoras del hogar.

Ley Federal del Trabajo Dictamen aprobado
Artículo 334.- Salvo lo expresamente pactado, la retribución del doméstico comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación. Para los efectos de esta Ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo. Artículo 334.- Las personas empleadoras garantizarán en todos los casos los alimentos para las personas trabajadoras del hogar. En aquellos casos en los que la persona trabajadora resida en el domicilio donde realicen sus actividades les será garantizada además de los alimentos, la habitación. El salario a que tienen derecho podrá efectuarse a través de transferencia bancaria o cualquier otro medio de pago monetario legal, con el consentimiento de la persona trabajadora del hogar interesadas. Artículo 334 bis.- Las personas trabajadoras del hogar contarán con las siguientes prestaciones conforme a las disposiciones de la presente Ley y estarán comprendidas en el régimen obligatorio del seguro social: vacaciones,prima vacacional,pago de días de descanso,acceso obligatorio a la seguridad social, aguinaldo; y cualquier otra prestación que se pudieren pactar entre las partes.

RESALTAR

La Ley Federal del Trabajo en su capítulo décimo tercero, regula lo concerniente a los derechos y obligaciones de las personas trabajadoras domésticas.

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